Es innegable que en los últimos años se han producido grandes avances en la atención a los problemas de salud mental en general, y a la de las personas que padecen enfermedades mentales graves en particular. Y que dichos avances se han traducido en una normalización de la asistencia a los problemas de salud mental, y en mayores posibilidades de integración de las personas más gravemente afectadas. Sin embargo, esta integración afronta aún barreras importantes. Por un lado, la insuficiencia e inadecuación de algunos recursos asistenciales, enfrentados a una demanda creciente y a una cobertura de necesidades muy complejas, tanto de índole sanitaria como social. Por otro, el estigma y la discriminación siguen siendo, hoy en día, realidades que limitan y comprometen el adecuado despliegue de recursos comunitarios, absolutamente necesarios para una verdadera integración de las personas con enfermedad mental.
Los estereotipos que alimentan el estigma y la discriminación de las personas con enfermedad mental grave siguen vivos y constituyen hoy en día una barrera adicional para lograr esa vida digna. Entre dichos estereotipos, la asociación entre enfermedad mental y violencia es un prejuicio en extremo extendido, y alimenta el rechazo de la población y las tentaciones de proponer el retorno de modelos asistenciales custodiales, donde prima la hipotética protección de la población frente a los ‘locos peligrosos’ sobre las necesidades asistenciales de las personas afectadas; las políticas asistenciales a esta población pueden recibir influencias y presiones que determinen acciones más preocupadas por calmar la posible alarma social y proteger a la población, que por procurar una asistencia correcta, normalizada y acorde con los derechos de estas personas. Si la actitud política y social está más pendiente de contentar a una sociedad preocupada fundamentalmente por su seguridad, en la que las noticias acerca de crímenes o desmanes cometidos por presuntos o reales enfermos mentales se convierten en la razón esgrimida o excusa para anteponer esta pretendida seguridad a los derechos de las personas afectadas, su adecuada asistencia en un marco normalizado y comunitario puede verse gravemente comprometida. La alarma creciente en relación con acontecimientos violentos protagonizados por personas con enfermedades mentales no se solventa con intervenciones cada vez más coercitivas y atentatorias de los derechos humanos de las personas afectadas, sino con actitudes asistenciales decididamente asertivas hacia los pacientes más graves que favorezcan el contacto con los servicios y permitan acciones preventivas.
En 2001, la Organización Mundial de la Salud dedicaba su informe anual a la Salud Mental. El documento termina con una serie de recomendaciones, partiendo de la premisa de que muy pocos países pueden presumir de tener sistemas de asistencia de salud mental adecuados, incluso en países desarrollados; dos de ellas se refieren a acciones que se relacionan con este objetivo: la educación de la población general, con el fin de reducir las barreras a una asistencia comunitaria real y de incrementar el conocimiento acerca de la realidad de la enfermedad mental, de su frecuencia, su tratamiento, las posibilidades de recuperación, y los derechos que asisten a las personas afectadas. Y la necesidad de implicar a los usuarios y a sus familiares en el desarrollo y en la toma de decisiones sobre políticas asistenciales, desarrollo de programas y de servicios. Ambas recomendaciones son hoy en día tan pertinentes como entonces.
Los medios de comunicación son una de las fuentes principales de conocimiento e información para la mayoría de las personas; en este sentido, es evidente su potencial para promover la salud mental, mejorando los niveles de educación, sensibilización y conocimiento de la población. Sin embargo, y por las mismas razones, los medios de comunicación son también un elemento importante en la difusión de esta alarma, y contribuyen en ocasiones a la desinformación, a perpetuar mitos y a mantener la ignorancia. La utilización inadecuada de términos, la presentación a menudo sensacionalista de crímenes violentos cometidos por personas con enfermedad mental o la escasez de noticias positivas referidas a esta población, contribuyen a alimentar una imagen pública de las personas con enfermedad mental distorsionada y sesgada, imagen que alimenta prejuicios y sostiene la discriminación. Y por ello debieran tener en cuenta que su deber de información, opinión y entretenimiento no está reñido con el de ofrecer una información veraz y ajustada sobre la realidad de la enfermedad mental y de las personas afectadas y sus familias, así como de evitar abundar en estereotipos que siguen, hoy en día, alimentando el prejuicio y el estigma que secularmente afecta a esta población.
El Día Mundial de la Salud Mental es un buen momento para recordar que la recuperación y la integración de las personas afectadas no es sólo una responsabilidad de las instituciones y de los servicios sanitarios y sociales; es una responsabilidad de todos, en la medida en que las actitudes de rechazo, los prejuicios y la discriminación contribuyen al aislamiento de las personas afectadas y sus familias, y añaden un injusto sufrimiento al propio de la enfermedad.
José Juan Uriarte Uriarte es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial.